El debate sobre el proyecto de \“Reforma para la racionalización y sostenibilidad de la administración local\” que presentó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado viernes apenas ha hecho más que comenzar, pero la clase política empieza a analizar ya –al margen de los cambios que todavía puedan introducirse– las repercusiones concretas que tendría la aplicación mimética del borrador en su entorno más próximo. Por lo pronto, el ahorro que pretende conseguir el Gobierno procede en buena medida de recortes en las retribuciones económicas de alcaldes y concejales, si bien en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal no habría variaciones significativas. En esta zona no existe ningún municipio de menos de mil habitantes, en los que –de acuerdo con la propuesta del departamento de Montoro– desaparecerían las percepciones salariales de los alcaldes.
Sin embargo, aplicando las tablas facilitadas por el Ministerio que toman como referencia para el salario máximo de un alcalde el que cobra un secretario de Estado –100.000 euros brutos anuales– sí habría algunos regidores municipales cuyas retribuciones superarían ahora mismo –aunque no de manera significativa– los citados baremos. Para el alcalde de Ferrol –como municipio comprendido entre los 50.001 y los 75.000 habitantes– la cantidad máxima que podría cobrar son los 100.000 euros de referencia menos el 35%, es decir 65.000 euros, una cantidad que se sitúa bastante lejos de los 44.234,68 euros que percibe José Manuel Rey Varela (Partido Popular).
Menos diferencia hay, aunque también está dentro de los límites, entre el tope que podría percibir el regidor naronés –55.000 euros– y lo que realmente cobra Xosé Manuel Blanco (Terra Galega), 51.378 euros brutos al año.
Es en el nivel de municipios comprendidos entre 5.001 y 10.000 habitantes donde surgen los primeros desajustes. En este tramo el máximo que podrían percibir los alcaldes se sitúa en 40.000 euros, una cantidad que superan los alcaldes de Pontedeume (PP) y Ares (PSOE), aunque únicamente en tres mil euros brutos anuales. En Cabanas, donde el antproyecto plantea un tope de 30.000 euros como municipio con una población comprendida entre 2.001 y 5.000 habitantes, el alcalde, Germán Castrillón (PP), supera también esa cantidad, aunque únicamente en 900 euros brutos al año.
La mayor diferencia entre las percepciones actuales y las que plantea la propuesta del Ministerio de Hacienda se produce en el municipio más pequeño de la provincia, Vilarmaior, que apenas supera los 1.000 habitantes (1.261, según el último censo). Su alcalde, Carlos Vázquez (PP), recibe 32.900 euros brutos al año y el máximo que se plantea en la reforma es de 20.000. El regidor prefiere esperar a ver cómo evoluciona el debate sobre esta cuestión antes de pronunciarse, pero sí deja claro que \“todo el que trabaja tiene que cobrar\” y que a veces un municipio pequeño requiere más esfuerzo que uno grande porque la práctica totalidad de las cuestiones recaen precisamente sobre la figura del alcalde.
Otros alcaldes de la zona quizá cobren también unas percepciones más elevadas que las que se plantean en el borrador de Montoro, pero esta comparativa se establece para los que cobran por dedicación exclusiva, que son un total de 12. Los alcaldes de Mañón y As Somozas tienen retribuciones mensuales pero en concepto de dietas e indemnizaciones (1.400 euros el primero y 2.400 el segundo), aunque sus ayuntamientos son también de los más pequeños (1.279 habitantes As Somozas y 1.537 Mañón).
