MEA CULPA
Que la Justicia es lenta es algo que ya sabíamos. Que la Administración de Justicia necesita una importante reforma es cuestión manida. Está en boca de todos que, en los últimos años, se vienen exigiendo medidas de agilización procesal. De hecho, ya uno de los objetivos del legislador en la Ley 1/2000, que reformó el procedimiento civil, era el de dotar más agilidad a los procesos. Sin embargo, en el ámbito penal, tenemos una ley promulgada por un RD de 14 de septiembre de 1883. Lenta, farragosa y obsoleta, en cuanto ni siquiera contempla nuevos medios que agilizan tramites y que, en el siglo XIX, por supuesto, no existían. Por lo tanto, no llegan a entenderse las quejas que se vierten por aquellos imputados, parientes y demás vecinos, sobre la lentitud en los casos de corrupción que se instruyen ahora mismo. Véase, Urdangarin, Blesa, Bárcenas o los ERES de Andalucía, por poner alguno.
La corona se queja del retraso, manifestando que es “un martirio” por lo que supone de desgaste para la institución, e instaron al juez a que cierre «cuanto antes» la investigación.
Por su parte, la líder del PP de Madrid se definió “escandalizada” por la demora en los procesos judiciales. “No es tolerable”, se quejó. También la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz ha criticado la lentitud de la Justicia en relación a la instrucción del caso de los ERE fraudulentos. “¿Qué Justicia es ésta que desespera a la ciudadanía?”, dicen, en general, molestos e indignados.
Los jueces han respondido a todos ellos de forma conveniente. Lamentan «profundamente los serios inconvenientes que para muchos ciudadanos está suponiendo la demora en la respuesta de asuntos judiciales, cuyo origen radica en la clamorosa falta de medios». Y apelan a la consciencia de «todos los poderes» del Estado de esta situación e instan a que se tomen medidas para que «todos los ciudadanos, sin distinción alguna, puedan ver satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva en un plazo razonable”.
Pues sí, ahora lo padecen en persona, olvidando que han sido ellos quienes han mantenido al viejo cadáver en formol. El poder ejecutivo (los que nos gobiernan y gobernaron) han tenido en su mano una reforma. Al menos, en los últimos cien años, o, si se quiere en los últimos 34, desde que alcanzamos la democracia. Y poco se hizo al respecto, porque poco o nada les afectaba. Y ahora, que les toca en carne propia se disgustan.
Todas las reformas llevadas a cabo desde 1882 han sido parches puntuales para ir adaptando realidades, pero los medios y la estructura han permanecido invariables. Y a esta ley desahuciada se le exige que se enfrente a mafiosos, blanqueadores, defraudadores fiscales….. El poder político conoce sobradamente que esta farsa no se sostiene. Nuestra ley procesal, es sólo un ornamento sin resultado práctico, aunque deba utilizarse para vestir al asunto.
No es nuevo escuchar que la justicia lenta, no es justicia; o que la peor de las injusticias es la falta de respuestas del poder judicial a causas de trascendencias social que merecen reproche penal.
La “efectividad” de un Estado de Derecho es una retórica abstracta. Pero esto, precisamente, no es responsabilidad del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo, que debe tener la voluntad política para atajar los problemas existentes, que no pasan ni por imponer tasas (que por cierto no afectan a la jurisdicción penal) ni por atribuir facultades de instrucción a los fiscales. Pasan por invertir, en medios personales y materiales. Por la informatización de los juzgados infestados de casos donde los ciudadanos se desesperan por la lentitud e ineficacia de los asuntos. Todos coinciden: Abogados, procuradores, jueces, fiscales, secretarios, sindicatos y Administración. “El sistema está trasnochado y es preciso un cambio desde los cimientos”. En definitiva, ahora que los responsables de este sistema lo sufren, a ver si se animan y se “ponen al tajo”. De momento, que entonen el “mea culpa”.
Emma González es abogada