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Dice la Constitución que la persona del Rey es inviolable y que no está sujeta a responsabilidad. Esta polémica proclamación de salvaguarda de quien asume la Jefatura del Estado sonrojaría hoy a los constituyentes más templados si tuviesen que presenciar el lamentable espectáculo del vodevil real al que cada día acudimos como espectadores incrédulos comprobando que es muy cierto que a veces la realidad supera la ficción. Que la Monarquía, que tantos españoles de convicciones republicanas tuvimos que asumir como parte de esa transición pactada para encontrar la paz en libertad en nuestro país, se permita exhibir a los miembros de la familia real en un permanente reality show verbenero en el que cohabitan amigas reales, duques empalmados presuntamente de tanto trincar y la más variada fauna experta en el don de la oportunidad es absolutamente intolerable. Y que todos ellos sigan ejerciendo de vips en viajes, vacaciones y cacerías extravagantes, en los tiempos tan duros que corren para millones de españoles, es sencillamente inmoral.

Es más, la tozudez de tan detestables acontecimientos es la que se encarga de cuestionar, a golpe de titular un día sí y otro también, la presunta bondad de esa desigualdad ante la Ley, puesto que la sangre azul no puede ni debe otorgar, ni desde la cuna ni desde ningún dedazo franquista, privilegios ajenos a las Leyes de Transparencia en forma de presupuestos opacos destinados a tan austeras realezas para liarse con quien les venga en gana, cazar lo que les venga en gana o mercadear cuanto les venga en gana, eso sí, siempre a costa de los súbditos que contemplamos perplejos tamaño descaro. Pero por si ese esperpento no fuese ya inaceptable, otra institución, la Justicia, parece mirar para otro lado ante una parentela que si no está entre rejas es por “ser vos quien sois”, como parecen sugerir los malabares para evitar la imputación de la dama del yerno sin perdonar la imputación de la dama del socio plebeyo. Insostenible situación. El descrédito como país al que nos está llevando tan mal extendida inviolabilidad exige una adecuada respuesta procesal. Sólo el Jefe del Estado es inviolable porque para él se reserva la abdicación. El resto, cuando la hacen, a la cárcel.

Julio Iglesias es alcalde de Ares