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Está claro que las obras promovidas por las Administraciones Púbicas siguen unos trámites que teóricamente deberían garantizar que, aunque salgan más caras (hay que incluir en el importe el lucro cesante del adjudicatario en el que pueda estar también la “mordida”), serán de provecho para quienes las pagan –nosotros, los contribuyentes– y cumplirán el objetivo previsto. Pues resulta que no. Vean cómo obras recientes presentan deficiencias sin cuento. Ahí están, sin ir más lejos, pavimentos que bailan o se deterioran, señales de tráfico dobladas o caídas al poco tiempo y que, además, pueden estar tapadas por otras o por árboles, al igual que los semáforos, a los que hay que añadir su descoordinación. Me gustaría saber qué controles hay, porque para acometer cualquier chapuza aparecen directores de obras, informes de todo tipo, pliegos de condiciones, etc. y luego resulta que salen peor que las de los pobrecitos romanos de hace más de dos mil años.