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Se ha confirmado la negativa de la SEPI en relación con el dique flotante. A partir de ahí, surgen cuatro vectores en movimiento. El primero de ellos es la propia SEPI, quen se escuda en una presunta negativa del Comisario Europeo de la Competencia, el socialista Almunia, para descartar por ilegal la construcción de la referida infraestructura. Y el que les habla se pregunta de qué manera puede ser ilegal una inversión en el sector de reparaciones, cuando precisamente este sector es el único que reparte beneficios –legales– en esta empresa pública.

El segundo vector ha sido la dura reacción del Alcalde popular de Ferrol, José Manuel Rey. Es la primera vez en democracia que un alcalde de la ciudad se enfrenta públicamente a un gobierno de su mismo color político, situación que nunca antes se había dado. Con esta postura, que es respaldada por todo su gobierno municipal y también por todos los estamentos del Partido Popular de Ferrol y comarca, el alcalde ha demostrado que primero están los intereses generales de la ciudad y después los de su propio partido. Sólo puedo compartir mi respeto ante esta postura, seguramente muy molesta para él, pero valiente y honesta, amén de inteligente. El tercer vector se refiere a la actuación del Partido Socialista. Lo de esta organización es digno de un profundo estudio sociológico. Durante los ocho años de gobierno de Zapatero, no solo no consiguieron ni un solo pedido por vía comercial sino que ni siquiera se plantearon la construcción del dique flotante. Y por supuesto cerraron filas con su propio partido, a diferencia del actual alcalde.

Ahora, apenas un año después, son capaces de encerrarse con los trabajadores, ponerse al frente de la pancarta y solicitar la dimisión de José Manuel Rey. Por cuestiones relacionadas con la obviedad y la fotografía, no voy a hacer más sangre con este tema. Por último, y como cuarto vector en movimiento, me preocupa la escalada de violencia que pueda venir de la izquierda radical. Los hechos acaecidos en el interior del Parlamento de Galicia, con la colaboración de diputados de AGE y BNG, constituyen un atentado a la inviolabilidad de la cámara de representación del pueblo gallego. Ni siquiera una causa razonable puede justificar la violación de la legalidad.