El bien común

La razón de ser de cualquier sociedad debiera de ser el bien común. Así lo concibieron desde Rousseau a Hobbes, pasando por todos los constitucionalistas modernos. El bien común es aquél que se eleva por encima del bien individual, del conjunto de bienes individuales, cuya suma, cuya concurrencia voluntaria, lleva precisamente a la consecución de ese bien común.

La razón es sencilla. La supervivencia.

Solo cuando los individuos suman sus voluntades en pos de un fin que les beneficia a todos como conjunto, que les garantiza la posibilidad de vivir en paz, con seguridad y bajo el imperio de la ley, consiguen garantizar, además, su propia individualidad, la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades y gozar de todos sus derechos.

En la actualidad existen sociedades que han perfeccionado ese sentido del bien común, elevándolo a un principio esencial de su convivencia, haciendo del bienestar de sus ciudadanos su único objetivo y razón de ser, como ocurre por ejemplo en los países nórdicos (Finlandia sería la expresión más sublime), en otras, ha evolucionado hasta ser un elemento de unión, de cohesión básico de su población, como ocurre en otros países europeos o en Estados Unidos, y, por último, en otras sociedades, el bien común no es más que una excusa para una unión artificial y convenida dentro de un territorio en el que un grupo dirigente ejerce el poder.

En éste último grupo estaría una amplia representación de países en los que el Poder se ejerce no para los ciudadanos sino sobre los ciudadanos, y en ese grupo estaría España.

España es no solo un ejemplo de esta última forma de entender la sociedad política, sino que se erige en el auténtico paradigma, el máximo exponente de esta forma de convivencia. En España el poder es cosa de los dirigentes y para los dirigentes que lo detentan, lo distribuyen, lo gestionan y se aprovechan de él. Los ciudadanos son meros espectadores de segunda fila, receptores de las migajas, pero también de las mentiras y de las miserias que produce aquél poder. En España el poder gestiona para el poder, para perpetuarse en él o, al menos, para garantizarse un reparto temporal de ese poder. Los ciudadanos no son importantes, tan solo son un instrumento útil cada cuatro años, cuando depositan su voto mediatizado y manipulado por el propio poder y sus cooperadores.

Pero lo importante, es que en España el bien común no existe como finalidad del ejercicio del poder. El poder no busca igualar a los ciudadanos, darles las mismas oportunidades, garantizarles sus derechos básicos en educación, sanidad o justicia.

Los servicios básicos tienen una proporción pública muy inferior a la de los países que tienen el bien común como máxima irrenunciable. En España lo privado se valora más que lo público, porque supone negocio para los dirigentes, se ensalza la educación privada, la sanidad privada o se establecen trabas económicas para que solo las élites puedan hacer un amplio uso de la justicia. Así hay ciudadanos de primera, con acceso a todos los servicios, de segunda, de tercera y así hasta llegar a los excluidos definitivamente del sistema.

Conclusión: España es un país más pobre, más vulnerable, más injusto y menos solidario que aquellos países que persiguen el bien común. Una sociedad más desequilibrada, donde la mayoría de los ciudadanos no pueden hacer planes de futuro, proyectos de vida a largo plazo, que no puede garantizar el futuro de sus hijos y ve peligrar el de sus mayores. Una sociedad que no invierte en conocimiento y en inteligencia para todos, que excluye de lo más elemental con total naturalidad a un tercio de su población. En épocas de crisis, como la actual, esas deficiencias se ponen en evidencia de una forma indiscutible.

En una sociedad así, donde el bien individual se eleva por encima del bien común, como en España, es normal que no existan planes educativos, industriales, de investigación, a largo plazo con consenso o aceptación general, porque lo único importante es el negocio inmediato, el dinero fácil, el sálvese quién pueda, un caldo de cultivo, en fin, donde la corrupción generalizada se convierte en la forma normal de ejercer el poder. La corrupción no es genuinamente española, pero en España ha encontrado el clima perfecto.

El bien común, el bienestar general, los derechos ciudadanos, como los inventos, son cosa de otros, a quienes, sino cambiamos radicalmente las cosas, seguiremos mirando con lejana e inevitable envidia.