Un gobierno, ahora también judicializado
Palabras duras estas de “estafa” y “prevaricación” en las que se basa la denuncia de la Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos, presentada el pasado lunes en los juzgados de la calle Coruña en relación con el cobro de la tasa de depuración de aguas residuales, restituida por el pleno de la corporación local. Entre quienes se personaron para oficializar la actuación, tal vez no todos pero sí algún que otro que inspiró, ayudó a configurar y dar cuerpo y forma a lo que es Ferrol en Común.
Es sin duda el desengaño, o la frustración, lo que lleva a quienes antes apoyaron una determinada acción política a posicionarse ahora en contra de las decisiones que ésta propugna, aun cuando sean refrendadas, pese a los votos en contra o a la abstención de otros, por una corporación en pleno.
Tanto la estafa como la prevaricación conllevan, o suponen, la voluntad expresa y manifiesta de realizarlas aun sabiendo que son contrarias a la Ley. La figura descriptiva jurídicamente es en este caso la del “dolo”, la manifiesta intención de procurar el mal.
Para un político, para todo político, la Ley es el punto de partida y ésta halla su aplicación, al menos cuando se tiene la responsabilidad –se quiera o no, se sepa o no, se pueda o no– de su estricto cumplimiento. La cuestión, en cualquier caso, es discernir si la aplicación de una determinada norma es responsabilidad única de una persona, en este caso el alcalde de la ciudad, o en el conjunto de un órgano soberano como el pleno de una corporación municipal.
La respuesta de Jorge Suárez está más en concordancia con esto último que con lo que la mencionada plataforma ciudadana alega, tal vez demasiado obcecada en el desprestigio político y administrativo de una corporación que, al menos en toda su composición, no es ni mucho menos aceptada por una parte de la sociedad. “Carece de fundamento jurídico alguno”, alegó ayer el primer edil de la ciudad al anunciar la presentación de acciones legales, tanto civiles como penales, contra los representantes de la Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos.
De nuevo –a estas alturas del mandato sería inútil o utópico pensar que la denuncia por estafa y prevaricación no se hubiese presentado– la actividad pública y política ferrolana entra en ese limbo de la judicialización, a veces cargada de razón, otras ausente de toda lógica, pero que suele tener como objetivo y resultado el estancamiento o el retroceso de cualquier gestión política. Una circunstancia que se ve agravada por la diaria constatación de que un gobierno precario, sumido en diversas crisis internas y que rompió –justificadamente o no– con el necesario apoyo de quien lo aupó al poder, carece del mínimo margen de maniobra. Esto último, sin embargo, no justifica por sí solo que la gestión no exista. Es esto, al fin y al cabo, lo que da pie a la presentación de la denuncia por parte de dicha plataforma. Esto y la continua y descarada –como se ha visto en innumerables ocasiones ya– capacidad de Suárez para adquirir compromisos que, impertérritamente, no cumple. ¿Qué otra actuación cabría por lo tanto esperar si lo prometido y no cumplido perjudica, como es el caso, al interés común, o cuando menos lo que quienes optan por acudir a los juzgados así lo piensan? Al menos en esta cuestión, es evidente que la responsabilidad plena recae sobre el presidente de la corporación municipal. Entre tanto, lo que nos espera, si la denuncia es aceptada a trámite, es un estado aun más precario de gobernanza, contrario precisamente –justificadamente o no– a lo que se postula como argumento de la propia denuncia: la defensa de los intereses y el bien común de una ciudad.P