MANIOBRA ESCAPISTA

Seis años lleva peleando en los Tribunales un sufrido ciudadano de Cataluña para que éstos le satisfagan en una reivindicación a la que tiene derecho. El sufrido contribuyente en cuestión pretende, en efecto, que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular –ordinaria– de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas a sus hijos por el centro escolar lo sean en el también llamado español, lengua oficial en todo el territorio del Estado.

Se lo denegó en su momento la Administración educativa de aquella comunidad, pero instancias judiciales varias a las que ha acudido en distintas fases procesales le dan la razón. Empezando por la sala tercera (de lo contencioso-administrativo) del Supremo.

El alto tribunal declaró el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña, y en consecuencia instaba al Gobierno autonómico a adoptar “cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Constitucional –la sentencia del Estatuto- que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”.

A pesar de todo, la sentencia del Supremo no se cumplió. Al final y resumiendo: después de seis años de idas y venidas, el pleno de la misma sala del mismo tribunal catalán - el Tribunal superior de Justicia- que había ordenado con anterioridad llevar “a puro y debido efecto” la resolución de aquél, aprovecha otro momento procesal para desdecirse de sus propios actos y decir que no es quien para pronunciarse sobre el uso del castellano como lengua vehicular. Alega que, en otro caso, podría estar aplicando, “descontextualizada”, una doctrina del Supremo.

¿Descontextualizada, se habrán preguntado muchos, a pesar de la claridad con que se habían manifestado al respecto tanto el Constitucional como el Supremo? No ha habido, con todo, como se ha dicho repetidamente desde Barcelona, un nuevo aval judicial a la política de inmersión lingüística en la enseñanza llevada a punta de lanza por la Generalidad catalana, sino más bien una devolución del toro al Supremo, que habrá de decidir sobre un próximo recurso. Pretender que un tribunal catalán resolviera en contra el Gobierno autonómico una cuestión tan sensible para éste era pretender demasiado.

Lo grave, sin embargo, de todo ello es el “no nos moverán” que ha pronunciado el arrogante y prepotente presidente Artur Mas. Digan lo que digan los tribunales. Un nuevo desafío de quien, desde instancias que deberían predicar con el ejemplo, se sienten y se sientan por encima de las leyes y del Estado de derecho.