Resucitar a Montesquieu

La división de poderes ha constituido una de las bases fundamentales de la organización política de las sociedades actuales. Ha sido un pilar fundamental de cualquier democracia moderna. Surge con la Revolución Francesa, a finales del Siglo XVIII. Significaba que los gobernantes serían elegidos por el pueblo, en lugar de ser  sometidos por una sola persona: el monarca absoluto. La ejecución de Luis XVI fue el símbolo de la derrota del régimen absolutista por los movimientos democráticos. Así, con la división se equilibran los poderes que dirigen una sociedad.
El Ejecutivo, que cumple las leyes aprobadas por el legislativo que  quien debe elaborarlas  o modificarlas y que rigen la vida en sociedad de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Y por último,  el poder judicial, que debe administrar justicia. Esto es,  conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público,  entre el poder público y los particulares o entre los particulares entre sí. Todos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben actuar en absoluta independencia cada uno de ellos y con decisiones autónomas.
Esta cuestión tan simple, emanada de Montesquieu,  está desapareciendo. La mayoría absoluta del gobierno que nos rige se va convirtiendo en el poder absoluto de Luis XVI. En casi cuatro años y con una aplastante mayoría parlamentaria los tres poderes se han convertido en uno. El misterio de la santísima trinidad: tres personas distintas y un solo dios verdadero. Educación, Sanidad, Interior. Ámbitos, todos, con reformas en contra del interés ciudadano. Cómo no, también el Ministerio de Justicia,  con el Señor Gallardón a la cabeza, que presentó los borradores de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la consiguiente Ley de Demarcación y Planta, que iban a dar un giro extraordinario al sistema judicial actual. Se presentó un nuevo Código Procesal Penal, que es como se llamaría en el futuro a nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente  desde finales del Siglo XIX.  Parecía que tras la dimisión del Ministro, estas revolucionarias reformas, aparentemente, quedarían en un cajón.
Sin embargo, el nuevo titular de la cartera, quiere impulsar algunas, con tramitación inmediata, a fin de que sean aprobadas antes de las elecciones generales que tendrán lugar, según todos los pronósticos,  a finales de este año. Reformas que salen del ejecutivo y llegan al legislativo, siendo ambos lo mismo.  Han reculado en la Ley de Tasas, que estuvo en vigor algo más de dos años, pensando en la desventaja electoral, o la ley del aborto.
Pero ahí están otras, como la Ley de Seguridad ciudadana o la reforma del Código Penal con la prisión permanente revisable. Tanto la primera como el nuevo Código Penal contemplan como infracciones,  con importantes multas, o delitos, acciones vinculadas a la protesta social de los ciudadanos. Protestas que se hicieron muy famosas a raíz del 15 M, la ocupación de entidades bancarias o los casos de corrupción.  
Quizá sea hora de resucitar a Montesquieu. Las leyes y su ordenamiento generan libertad. El predominio constante del poder ejecutivo y su intromisión en los demás poderes conduce, sin remisión, a la tiranía. Colocar el máximo órgano de gobierno de los jueces en manos de los partidos políticos no garantiza precisamente la libertad e independencia de este órgano para servir a los ciudadanos.
La sociedad avanza, y las leyes deben evolucionar. Sin embargo, vamos hacia atrás. Desde el inicio de la democracia no habían existido reformas que atacaran y cercenaran de tal manera la separación de poderes.
Las leyes aprobadas a golpe de Decreto, y llevadas al Parlamento que se aprueban por la fuerza de la mayoría, no se hicieron para los ciudadanos sino en contra de ellos. En contra de las personas que creen en la democracia, en la justicia para todos. Que defienden a su vecino, a las minorías… Sin embargo,  se les trata como mercancía a la que manipulan.
¡Si Montesquieu levantara la cabeza!
Emma González es abogada