REFORMAS ETERNAS

Ala vuelta del verano –septiembre del año pasado– el ministro Wert presentaba al Gobierno y a la opinión pública el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce). Una mejora necesaria y urgente a la vista de los repetidos suspensos que nuestro sistema viene cosechando en todos los exámenes nacionales e internacionales.
Pues bien, han pasado desde entonces siete meses y el texto ahí sigue, dando vueltas y vueltas por los distintos órganos consultivos de rigor, mientras el ministerio negocia una y otra vez, primero con las comunidades autónomas del Partido Popular; después, con el resto; a continuación, con Cataluña para ver cómo colocan en aquella comunidad –insumisa por naturaleza– la presencia del castellano también como lengua vehicular en la enseñanza; más tarde, con los sindicatos. Y así sucesivamente, sin olvidar el largo trámite parlamentario que todavía debe cubrir. Parece la noria de nunca acabar.
Con todo, la lentitud de la Lomce es fiel reflejo de la parsimonia con que por unas u otras circunstancias se está desarrollando el proceso reformador del Gobierno Rajoy. Todo –es cierto– lleva su tiempo y ha de cumplir sus debidos trámites. No obstante, desde hace casi año y medio el Gobierno tiene en sus manos –con mayoría absoluta– las riendas del poder y, salvo la reforma laboral y el vuelco dado al sistema financiero, casi todo lo demás parece caminar con una premiosidad notable. Llevamos meses y meses hablando de lo mismo: se anuncian muchas cosas y demasiado pronto, pero se rematan pocas. ¿Cuándo y cómo verá la luz, por ejemplo, la reforma de la Administración?
No es de extrañar, pues, que la Comisión Europea haya dado un severo toque a atención al Gobierno. Se trata del documento más duro de cuantos han sido hechos públicos por Bruselas desde que el Partido Popular llegó a Moncloa. Se trata, de hecho, de una enmienda a la totalidad de la política económica, con tres mensajes destacados: quedan muchas reformas por hacer; las acometidas van en la buena dirección, pero no pocas de ellas se han quedado cortas, y los principales peligros que pendían sobre el país siguen presentes.
No es la primera vez que las instituciones comunitarias leen a cartilla a Mariano Rajoy. Lo novedoso tal vez sea en esta ocasión el grado de detalle y el nivel de exigencia, que aparece reforzado, hasta el punto de constituir un programa alternativo de gobierno. Veremos a ver qué contesta Moncloa dentro de unos días a esta especie de ultimátum. Porque no hay que olvidar que España es un país virtualmente intervenido, con un rescate bancario que incluye, como dicen los técnicos, una estricta condicionalidad macroeconómica. Esto es: cumplir lo pactado.