CAMPAÑA CONTRA EL PRESIDENTE DEL TC

En esta cultura política nuestra parece poco estético que todo un magistrado y presidente del Tribunal Constitucional haya sido o sea militante de un partido político. Tal vez porque en esta y otras instancias similares el nombrado suele responder con sus actos, decisiones o sentencias a los intereses políticos que quien lo nombró. O al menos, esa es la impresión que la opinión pública tiene.
No sucede así en otras latitudes, como, por ejemplo, en Alemania, donde, como se ha recordado estos días, una conocida militante socialista, la profesora Jutta Limbach, ha sido presidenta del más alto tribunal de aquel país durante ocho años. Huelga decir que, al igual que ella, otros magistrados del mismo órgano constitucional lucen el carnet del SPD  o de la conservadora CDU-CSU sin escándalo aparente de nadie.
Desconozco hasta qué punto ello puede ser perfectamente así en la Alemania de nuestra recurrente referencia porque no se duda de la independencia de los nombrados o elegidos para tales menesteres. Sin embargo, aquí, en nuestro país, esa es una de las grandes tareas que tienen por delante, entre otros, los magistrados del Constitucional: ganarse la credibilidad de su independencia en el ejercicio de la alta misión que tienen encomendada.
Propuesto en su día por el Partido Popular dentro de la cuota que le corresponde al Senado, al actual presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, la izquierda política y mediática le ha armado estos días la marimorena por su anterior militancia en el PP y por haber pagado la correspondiente cuota –37,14 euros mensuales– durante unos pocos meses siendo ya magistrado del TC.
Da igual que durante estos dos años y medio de ejercicio el señor Pérez de los Cobos haya ejercido su trabajo con notable independencia respecto al partido político que lo propuso. Ante su nombramiento como presidente esta fue, al menos, la favorable primera reacción de quienes ahora se rasgan las vestiduras y, paradójicamente, ponen en tela de juicio su legitimidad –no su legalidad– para el cargo que desempeña. Pero da igual, como digo. Inmersos como están algunos en plena campaña de disparar contra todo lo que se pueda mover en el ámbito del Partido Popular, ahora le ha tocado el turno al hoy presidente del Tribunal Constitucional.
Y una vez más, la campaña está siendo farisaica y falaz. Porque no ser oficial y formalmente militante de un partido y no pagar cuota de afiliación no resulta garantía alguna de independencia. Y si no, que se lo pregunten al señor Pascual Sala. ¿O es que alguien duda de que el anterior presidente del alto tribunal se movía como pez en el agua en la órbita socialista por mucho carnet que no tuviera y por mucha cuota que no pagara?