CIENTO POR UNO
De las múltiples casillas que el contribuyente ha de rellenar estos días en su declaración de la renta hay una especial y lógicamente digna de toda atención: la que consigna la cuenta final. Pero hay otra que año tras año suscita injustificadas polémicas y que no es otra que la asignación tributaria a la Iglesia católica.
Se trata de la más conocida como “la X de la renta”; ese 0,7% que libre y voluntariamente el contribuyente puede destinar a que la Iglesia católica siga desarrollando su labor pastoral y social. No supone coste alguno para el ciudadano que así lo decide y viene a significar entre el 25 y el 30 por ciento del presupuesto eclesial, lo que de paso recuerda que la Iglesia se autofinancia hoy día en mucha mayor medida que muchas otras asociaciones, por no hablar de partidos y sindicatos y de las generosísimas subvenciones públicas que reciben.
Se trata, por lo demás, de una aportación que ampliamente revierte luego a la sociedad. Así, se calcula que si la Iglesia española viene recibiendo en los últimos años vía asignación tributaria en torno a los 250 millones de euros -248,3 exactamente en 2011- , la labor social, educativa y asistencial que desarrolla bien podría valorarse en unos 30.000 millones de euros de ahorro para el Estado. Es el ciento por uno del relato evangélico.
Tenía, pues, toda la razón, el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio González, al decir aquello de que cuando alguien está en apuros para cubrir sus necesidades básicas no acude a los partidos políticos, ni a los sindicatos, ni a entidades públicas, sino que acude a la Iglesia católica: a un comedor de Cáritas o a alguna de las miles de parroquias esparcidas por pueblos y ciudades. Y allí se le atiende sin tener que mostrar carnet alguno.
Lo mismo podría decirse de otros muchos ámbitos. Cuando una chica abrumada por su embarazo problemático necesita ayuda, no acude a las clásicas organizaciones feministas, sino que llama a alguna casa religiosa o a una ONG próxima a la Iglesia donde le van a buscar remedio a su problema sin tener que pasar por el trauma del aborto. Y cuando un inmigrante sin papeles ni empleo requiere algún medio de subsistencia para no morirse de hambre, se presenta en la red parroquial de asistencia más próxima.
A toda esta labor contribuyen esos siete por cada mil euros que, según la voluntad del ciudadano, salen de la célebre equis de la renta y que son independientes y compatibles con esa otra equis para “fines sociales” de cuya asignación se benefician instituciones como Cáritas a través de sus programas de actuación social. Y todo ello, repito, sin que al ciudadano le cueste un céntimo.