CLANDESTINOS

La crisis económica no sólo reduce nuestro bienestar material, sino que también empeora la calidad de nuestra democracia. El Gobierno ha firmado un decreto para retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que no tengan regularizada su situación y de esta manera evitar que sean atendidos en caso de enfermedad a partir del 31 de agosto. Esta medida gubernamental, contraria a los derechos humanos, afecta a unas 90.000 personas extracomunitarias.

Paralelamente, el Gobierno amenaza con durísimas sanciones económicas a las asociaciones que ayuden a empadronar inmigrantes y todo esto para ahorrar a las arcas estatales 100 millones de euros, equivalentes al 0,15% del fraude fiscal provocado por la insolidaridad de las grandes fortunas y por las bajadas de impuestos decretadas por las autoridades en los últimos años.

Además de inútil, es una medida demagógica y xenófoba que aumentará la tensión social al hacer creer a una parte de la población que los emigrantes son los culpables de la actual crisis. Afortunadamente hay personal sanitario dispuesto a acogerse a su código ético para no discriminar a los pacientes en función de su raza, religión o nacionalidad.

Como se supone que el Gobierno será hostil a esta objección de conciencia, algunas asociaciones cívicas están dando pasos para crear cierto escudo protector. Volvemos así a una situación predemocrática, donde se trabajará en condiciones de clandestinidad para cumplir con elementales principios de solidaridad.