SUBVENCIONES

El Estado de bienestar, que ha sido una de las grandes conquistas sociales de las que el viejo continente puede sentirse orgulloso, se está derrumbando por la incapacidad, por la falta de pericia y talento de muchos gobernantes que no han caído en que la gran virtualidad de esta forma pública de sensibilidad social es el dinamismo. Se ha optado, y de qué manera, por el enfoque clientelar, por la perspectiva estática del auxilio, de la ayuda, de la subvención. Un planteamiento raquítico, orientado a la dependencia de las personas a las estructuras, que está laminando una de las aportaciones más relevantes de la conciencia europea a la civilización mundial.
Así es, muchos dirigentes han pensado, por prejuicio ideológico, que las instituciones y estructuras del Estado de bienestar, sobre todo la subvención, eran armas magníficas para el control y la manipulación social. Incrementando las subvenciones se pretendía aumentar la dependencia de la sociedad y, así, asegurarse el poder político elección tras elección. Las consecuencias de esta forma de entender la acción pública, ahora bien palmarias para nuestra desgracia, han sido posibles gracias a una gestión deficiente, a veces irregular e ilícita, de los fondos públicos, así como al sistemático olvido de los principios de economía y eficiencia del gasto público, en España previstos nada menos que en el artículo 31 de la Constitución. Tal forma de administración de lo público está provocando la más grave de las injusticias: que sea el pueblo el que pague la factura, el que se haga cargo de los platos rotos del elefantiásico déficit público que hoy caracteriza a nuestro país. Afortunadamente, en el proyecto de ley de transparencia parece que los dirigentes públicos estarán sujetos a responsabilidad jurídica y quienes gasten desaforadamente tendrán que vérselas con los tribunales. Hasta ahora todo lo más a que se podía llegar, al margen de la prevaricación o el cohecho, era a la exigencia de responsabilidades políticas. Es verdad que no hay mal que por bien no venga y que probablemente los gobiernos ya no se arriesgarán a una operación de gasto alocado como la de estos años en nuestro país, especialmente en el nivel autonómico y también, en menor medida, en el Estado y en Entes locales. Esperemos que estas medidas vayan acompañadas de un estudio minucioso de las subvenciones existentes con el fin de eliminar tantas partidas de gasto destinadas a consolidar la dependencia y el control de los habitantes. Las subvenciones, como se estudia al tratar de la acción administrativa de fomento en los manuales de Derecho Administrativo, se caracterizan por ser una forma en que los poderes públicos promueven e incentivan actividades privadas de interés general. Cuando se conciben estáticamente o clientelarmente, se convierten en una forma de control social y político. Junto al desmantelamiento de las estructuras públicas superfluas e innecesarias, la racionalización de las subvenciones es, quién lo puede dudar, una tarea urgente. Una tarea en la que hay que trabajar con criterio. El café para todos es tantas veces lo más cómodo, y también lo más injusto.