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Es un claro atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas que se siga desahuciando a familias y dejándolas en la calle sin sus viviendas porque no pueden hacer frente a sus cuotas mensuales, mientras tanto a las entidades financieras se les prima con dinero público, por la pérdidas en sus cuentas de resultados y que luego utilizan para despedir, con indemnizaciones millonarias, a sus gestores y miembros de los consejos de administración.

Basta ya de tanta hipocresía; obliguemos a los responsables públicos a desarrollar lo establecido en la ley de leyes, concretamente en su artículo 47, “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Ya no son tiempos de quedarse en estúpidas críticas a los banqueros y políticos sin más. Es hora de tomar parte activa en las decisiones públicas que afectan y, en muchas ocasiones, perjudican a todos los ciudadanos. Es humillante que familias se tengan que quedar en la calle, sin vivienda, y al mismo tiempo se mantengan las deudas contraídas con las entidades financieras.

En estos primeros cinco meses del año ya hubo más familias desahuciadas que en todo 2011, más de 2.000. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. No dejemos que estos derechos sigan quedando en papel mojado.