PRIMERAS ESCARAMUZAS
Desde finales de junio lleva dando vuelta por despachos, mesas, observatorios, sindicatos, las APA, colegios y sectores profesionales de la enseñanza no universitaria el anteproyecto de ley orgánica para la Mejora de la Calidad educativa (Lomce) que pilota el ministro Wert.
El texto pasó a finales de septiembre por el Consejo de Ministros y desde entonces ha iniciado por diversas instancias un largo periplo de obligadas consultas, al tiempo que quedaba abierto un buzón de sugerencias, en el que se han recibido hasta el momento 16.000 correos electrónicos. Por consultas y aportaciones, que no quede. Y lo que falta por llegar, hasta que el Gobierno vuelva a tener sobre la mesa el texto, ya convertido en proyecto de ley, para su aprobación y remisión al Congreso de los Diputados.
Cuando la Lomce llegue algún día –lejano– a las páginas del BOE, la nueva ley habrá recorrido un largo proceso lleno de polémicas y desplantes. Ya sucedió así con la LOCE de la ministra Pilar del Castillo (año 2002) y así habría de ocurrir con cualquiera otra norma básica de educación que saliera de las filas de la derecha. En este tema, las posiciones de la izquierda son rígidas e irreductibles. Por eso no debería sorprender que sindicatos de clase y las APA de inspiración socialista se levantaran hace unos días de la reunión del Consejo Escolar del Estado.
Lo que de novedoso, sin embargo, comienzan a tener las primeras escaramuzas en torno a la Lomce es que Wert se encuentra en medio de un triple campo de fuego. Por una parte, los nacionalistas, que ven recentralizaciones e invasión de competencias por todas partes. Por otra, el Partido Socialista, partidario acérrimo de la igualdad por abajo y enemigo obstinado, por tanto, de la excelencia educativa. Y, finalmente, no pocas de las propias comunidades gobernadas por el PP, para quienes el anteproyecto presentado es muy tibio y nada tiene que ver con la reforma en profundidad prometida a los electores.
No hay que olvidar que la reforma en curso no implica el alumbramiento de una ley nueva de comienzo a fin, sino que se trata de una revisión parcial de la actualmente vigente. Tal vez porque Wert y, en definitiva, el Gobierno, no quieren alumbrar, en aras del consenso, una ley excesivamente “ideológica”.
No creo que consigan el deseado consenso porque las posiciones de los dos grandes partidos están técnica y políticamente muy alejadas. Pero Gobierno y ministro hacen bien en intentarlo. Y buena prueba de la voluntad de acuerdo existente es ese mes a mayores que se han dado ministerio y gobiernos autonómicos para seguir aportando propuestas y sugerencias.