Reformas políticas

En los tiempos en que vivimos, instalados en una dolorosa y lacerante  crisis general, la regeneración democrática es un asunto de Estado, un asunto que la ciudadanía reclama a los dirigentes institucionales con especial premura. A pesar de ello, pasa el tiempo y ni unos ni otros se atreven a iniciar un proceso de reformas profundas que será imparable cuando la situación se haya tornado irrespirable.
Unos porque tienen miedo a perder el control y otros porque el poder les impide poner en marcha las reformas que se precisan. Mientras, el ambiente político discurre alejado de la realidad, de las preocupaciones diarias de la gente, cada vez es más tecnoestructural, más cerrado, mas dominado por los que aspiran exclusivamente a estar, mantenerse y disfrutar del poder cuanto más tiempo mejor.
Las generalizaciones siempre son peligrosas y tantas veces injustas. Sin embargo, cuando la gente tiene la percepción que tiene sobre los partidos políticos y sobre los dirigentes políticos, es por algo. Por algo que todos conocemos bien y que pocos, muy pocos, se atreven a sacar a la luz pública salvo que no tengan nada que perder. Si nueve de cada diez españoles piensan que la corrupción es un grave problema es porque saben lo que pasa en el poder local, en el poder autonómico, en el poder nacional, o en el poder europeo o en el poder global. La gente empieza a conocer los peajes que existen para obtener contratos, para colocar personal, para alcanzar determinados puestos directivos.
Pues bien, en este contexto de mediocridad en el que personas sin escrúpulos, sin frenos morales, suelen llegar a la cúpula y mantenerse como sea, se plantean, de cuando en cuando, algunas iniciativas que merece la pena comentar. Una de ellas es la referente a la introducción de la elección directa por parte de los votantes en una Comunidad Autónoma. En realidad, se trata de una adaptación del modelo alemán, que permite elegir la mitad del Parlament por circunscripción. De esta manera, se buscaría, para salvar la proporcionalidad que exige la Constitución española, que cada ciudadano catalán disponga de dos votos: uno para votar directamente al candidato por la circunscripción, sin listas, y otro para votar una lista con un número proporcional. Este sistema precisaría del voto favorable de 90 de los 135 diputados del Parlament. Esta reforma introduciría un principio muy saludable en democracia como es la elección directa de los diputados. Diputados que se deberían, no al jefe de filas del partido, sino a los habitantes de la circunscripción, ante quienes tendrían que responder de su trabajo e iniciativas parlamentarias. Para ello, en cada circunscripción se habilitaría una oficina para que el diputado pueda estar a disposición de los electores y así convertir al Parlament en una institución conectada a la realidad real, no a la realidad oficial.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de
Derecho Administrativo. jra@udc.es