La modificación de la Ley de Costas impulsada por el Partido Popular no permitirá la construcción de nuevas edificaciones en la zona de costa pero sí mantener construcciones anteriores a 1988 así como núcleos rurales tradicionales.
La difusión de los contenidos de la ley reunió ayer en Ferrol a alcaldes y portavoces municipales de las comarcas de Ferroltera, Eume y Ortegal, donde serán cerca de 1.700 construcciones las que se podrán beneficiar de la aplicación de esta nueva normativa mediante unos procedimientos regulados en la transitoria número 1.
El secretario provincial del PP, Diego Calvo, y los senadores Enrique López Veiga y Juan Juncal se reunieron con los representantes populares de las comarcas para dar a conocer la ley en un acto en el que también participaron los diputados autonómicos Miguel Tellado e Hipólito Fariñas. Para todos ellos la modificación de la ley “é a solución a aqueles problemas que estaban enquistados por algunha incorrecta aplicación dos deslindes e que non recoñecía nin a singularidade do sistema de asentamento tradicional de Galicia nin o modo de asentamento tradicional do litoral por parte dos galegos”.
Pero la nueva ordenanza no solo reconocerá la singularidad de estos núcleos rurales gallegos –que ascienden a 16, según los datos facilitados por el Partido Popular– sino que da solución, explican, “a aquelas familias que dalgún xeito inxusto e, por causas alleas á súa vontade, por de-saxustes administrativos se vían afectadas por unha situación que non promoveron”.
seguridad jurídica
Según explicaron ayer los dirigentes del PP en Ferrol, las construcciones y bienes de estas personas estaban, en muchas ocasiones, en una situación de “limbo” a la que el Partido Popular “lle quixo dar solución”. Por eso fue el PP de Galicia el que solicitó la modificación y el partido, a nivel estatal, apoyó la demanda promoviendo esta modificación de la ley existente hasta el momento.
Como explicó el senador Enrique López Veiga, los cambios de la Ley de Costas permitirán la protección de los núcleos rurales tradicionales de Galicia anteriores al año 1988, pero en ningún caso la construcción de nuevas edificaciones. Para el senador gallego, “a modificación da normativa ofrece seguridade xurídica aos propietarios de edificacións así como ás actividades económicas existentes no litoral, que son fonte creadora de emprego”.
