Después de que el pasado lunes los obreros de la empresa Prace no pudiesen acceder al edificio O Penso para iniciar los trabajos de desmontaje del ascensor –primer paso para la demolición de las dos plantas ilegales del citado inmueble–, el gabinete jurídico que representa al Concello de Cabanas presentó ayer un escrito en la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pidiendo ayuda. En concreto, solicita que la sala autorice la entrada en el edificio –los vecinos no les abren el portal, por eso la empresa no pudo acceder al interior– y que se remita un oficio a la Guardia Civil para que proteja a los operarios encargados de realizar las obras.
El escrito entregado ayer iba acompañado por un informe de la empresa Prace, adjudicataria de los trabajos, y otro de la direción de obra. Se ha solicitado, asimismo, que la Guardia Civil aporte su propio atestado sobre lo ocurrido el pasado lunes.
Según el alcalde de Cabanas, Germán Castrillón, el Concello se ha visto obligado a solicitar la mediación del TSXG y el apoyo de la Guardia Civil para poder ejecutar la sentencia firme de demolición de la parte ilegal del edificio O Penso.
El pasado lunes los obreros no pudieron acceder al edificio porque los vecinos no les abrieron la puerta, mientras en el exterior se encontraban una docena de agentes de la Guardia Civil, y la empresa no lo volvió a intentar ayer, jornada en la que solo se movilizó a dos guardias.
Mientras tanto, los vecinos siguen a la espera de que el TSXG y la delegación de Industria respondan a sus escritos. A la Sala del Contencioso Administrativo le solicitaron un aplazamiento de la demolición para dar tiempo a que se fijen las indemnizaciones para los propietarios que se quedan sin las viviendas y que se determinen las medidas de seguridad respecto a los que van a seguir en el edificio mientras se realizan las obras.
En cuanto a Industria, pidieron explicaciones sobre la argumentación utilizada por el Concello de Cabanas para que se diese de baja el ascensor, ya que entienden que los únicos autorizados para dicho trámite son los propietarios.
