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Ferrol

El BNG pide que la nueva orden de interrumpibilidad no perjudique a Megasa

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La diputada del BNG en el Congreso Rosana Pérez ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno y una proposición no de ley en las que se interesa por las “medidas concretas” que va a incorporar a la nueva orden de gestión del servicio de interrumpibilidad del sector eléctrico para impedir que se prolongue la situación generada por la normativa vigente que tanto está perjudicando a la siderúrgica Megasa.
La portavoz nacionalista recuerda en su exposición de motivos que la empresa amenazó al comité con paralizar la actividad de la factoría si no se anula la orden que ha generado una competencia desigual donde antes no la había.
Cabe recordar, en este sentido, que en diciembre de 2012 el Gobierno aprobó la orden en vigor que modificó sustancialmente los costes energéticos para las grandes industrias acogidos al servicio de interrumpibilidad (en Galicia, Alcoa). Este se justifica, explica la diputada del BNG, por la necesidad del sistema eléctrico de tener grandes empresas consumidoras que, por necesidades –es decir, porque la demanda pueda ser superior a la capacidad de producir– están en disposición de desconectarse de la red y favorecer el normal funcionamiento del sistema, es decir, del suministro doméstico general. A cambio, el Gobierno bonifica a estas firmas con una cantidad por megavatio que hasta enero de este año era igual para todas.
Con la normativa actual, pueden acogerse a este servicio las fábricas con potencias contratadas de 100.000 kW, que en este caso pasarán a percibir 35 euros por megavatio en lugar de los 20 que se daban antes. Megasa tiene una potencia de 85.000 kW, menor que el tramo creado en diciembre, por lo que no ha podido acceder a esta gratificación. Eso supone que las que sí lo han podido hacer, entre ellas Celsa Barcelona, que también produce barra de acero corrugado, hayan podido abaratar los costes de producción –que alcanzan el 30% del total–  y, en consecuencia, poner en el mercado el producto a un precio inferior. El BNG exige al Gobierno acabar con esta política discriminatoria. n

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