La organización APPA Biocarburantes, que agrupa a veinte empresas productoras de bioetanol y biodiésel en España, considera que el último Real Decreto aprobado por el Gobierno rebajando los objetivos de consumo de este tipo de combustibles significa que “nos apuñalan por la espalda, con nocturnidad y alevosía, nos dejan prácticamente muertos y encima dicen que lo han hecho por nuestro bien”.
En un comunicado, la patronal señala que la medida contradice la senda fijada en el Plan de Energías Renovables 2011-2020, en donde se incluía el objetivo comunitario de que las energías limpias alcanzasen el 10% del consumo final en el transporte. Alfonso Ausín, presidente de APPA, apunta que “la rebaja de la obligación es la puntilla para un sector destrozado por las importaciones desleales de biodiésel desde hace seis años”.
La situación afecta de forma directa a la comarca de Ferrol, dado que en el puerto exterior hay dos plantas de biodiésel, de Infinita Renovables y Entabán, a la que se suma una tercera en Río do Pozo. Las tres instalaciones están paradas, si bien, de encontrarse a pleno rendimiento generarían unos 200 empleos directos. APPA recuerda que el conjunto de las plantas españolas trabajaron en 2012 al 9% de su capacidad, frente al 15% de 2011 y al 21% de 2010, “unos ratios totalmente insostenibles”, señaló Ausín.
