El papel de las diputaciones, cuestionado en algunas intervenciones durante la primera de las jornadas con las que la Federación Galega de Municipios e Provincias conmemoró su 25º aniversario, se analizó ayer en este mismo marco en una mesa redonda en la que participaron Diego Calvo, presidente de la de A Coruña; Isabel Carrasco, responsable de la de León, e Ignacio Caraballo, de la de Huelva. Todos ellos coincidieron en que estos organismos son necesarios, sobre todo para prestar colaboración a los pequeños municipios, si bien admitieron que pueden establecerse cambios en su organización y funcionamiento, entre ellos en el proceso de elección de los diputados, como manifestó Isabel Carrasco.
El anfitrión, Diego Calvo, aseguró que la Diputación coruñesa se ha adelantado ya a cuestiones que ahora se plantean en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, a través de las Comunidades Intermunicipales de Prestación de Servicios Consorciados o dando pasos en favor de la fusión de ayuntamientos “para evitar la desaparición, o cuando menos, la pérdida de autonomía de estos municipios”.
financiación
Isabel Carrasco recordó que la necesidad de realizar una reforma de la administración local en su conjunto se planteó ya en el año 2003, aunque en aquel momento quedó pendiente. La necesidad de clarificar competencias es uno de los temas a los que hay que dar solución, pero, en su opinión, el texto propuesto continúa dejando pendiente otro aspecto fundamental, como es el de la financiación. En el aire quedan, dijo, cuestiones como el tema del coste estándar, el insuficiente plazo para hacerse cargo de determinados servicios o la negociación con los Ayuntamientos sobre traspaso de personal y medios ya que no se arbitran mecanismos si no hay acuerdo.
La presidenta de la Diputación de León destacó el papel de estos organismos especialmente para ayudar a los pequeños municipios, pero para ello, insistió, se necesita financiación.
Por su parte, Ignacio Caraballo expuso el modelo de Diputación que han puesto en marcha en este mismo mandato en Huelva, que consiste básicamente en que la relación entre el organismo provincial y los Ayuntamientos se establece en un plano de igualdad. Los fondos provinciales para programas que antes dirigía la Diputación se reparten ahora atendiendo a unos criterios fijados con los alcaldes y concejales y son los Ayuntamientos los que deciden esos programas. La administración provincial, por su parte, mantiene prestaciones como la gestión tributaria o la recogida de residuos, en un modelo que, dijo, está dando muy buenos resultados y ha eliminado las reticencias que en algunos Ayuntamientos existían con respecto a la Diputación.
También Diego Calvo expuso algunas de las modificaciones introducidas desde que llegó a la presidencia en A Coruña, como la eliminación de la aportación mínima de los Concellos a las obras del POS, el aumento de la cantidad que pueden destinar a gasto corriente o la puesta en marcha del plan DTC 94, “que permitió cubrir las demandas de los 94 ayuntamientos de la provincia en el momento en que más lo necesitaban”. Calvo apostó por una mayor agilidad y eficiencia en la gestión y sostuvo que las Diputaciones deben adaptarse a la realidad de cada provincia.
