El PSOE insta al gobierno ferrolano a reclamar ante la Xunta un comedor escolar para el CEIP Ponzos

Como ya hizo en anteriores ocasiones, el grupo municipal del PSOE instó el pasado viernes al Concello de Ferrol –en el transcurso de la comisión de educación y cultura– a reclamar ante la xunta de Galicia el comedor escolar para el colegio Ponzos, que viene reivindicando el servicio desde hace años.
A juicio de los socialistas, la ausencia del mismo “repercute negativamente na matrícula do alumnado, que require deste servizo básico e esencial, que complementa o educativo e que é unha peza clave na conciliación familiar e laboral, polo que ten que ser unha prioridade”, afirmó la concejala María López.
La formación considera además injusto y un agravio comparativo que este sea el único centro público de la ciudad que todavía no disponga de comedor. Desde el grupo municipal del PSOE apuntan que, como hicieron el curso pasado, volverán a proponer la puesta en marcha de este servicio como enmienda a los presupuestos de la Xunta para 2014. Asimismo, incidieron  en la necesidad de que se corrijan las importantes deficiencias que tiene  el mencionado colegio ferrolano, entre las que señalan la carencia de un salón de actos adecuado así como aulas para la realización e actividades extraescolares.
Entre las peticiones formuladas por el grupo del PSOE figura también, y como ya se viene reclamando desde hace años, que el gobierno de Rey Varela exija e la Xunta de Galicia que asuma la gestión de los comedores escolares, ya que, dicen, “é a súa competencia”.
Finalmente, los socialistas mostraron su preocupación “pola deixadez da Xunta e o agravio comparativo con outras cidades galegas, nas que a administración económica se fai cargo da xestión deste servizo básico”.

náutico pesquera
Por otra parte, el PSOE ferrolano quiso mostrar de forma pública su apoyo a los alumnos de la Escuela Náutico Pesquera y su rechazo al decreto de la Xunta por el que se fijan los precios para la residencia y comedor, servicios que hasta el pasado mes de septiembre –cuando entró en vigor la norma– eran totalmente gratuitos y que ahora pueden alcanzar los 2.000 euros.