El regidor de Cabanas, el popular Germán Castrillón, aseguró ayer a este diario que la empresa encargada de la demolición de las dos plantas ilegales del edificio O Penso será la que en su momento decida si es necesario o no realojar a los vecinos de los otros pisos mientras se realizan las obras. De este modo, el alcalde cabanés salía al paso de la preocupación existente entre los afectados por los riesgos que conlleva una intervención de ese tipo en un edificio habitado.
En esta línea, Germán Castrillón insistió en que existe un plan de seguridad de los referidos trabajos, insistiendo, a preguntas de este periódico, en que si bien las medidas incluidas en el mismo se refieren a los trabajadores que ejecuten la obra, también son extensibles a los moradores de los pisos situados debajo de las dos plantas de viviendas que se van a derribar en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
No obstante, el regidor cabanés trató de restar importancia al asunto comparando la citada intervención con la obra de sustitución del tejado de una casa, que se puede hacer sin desalojar la vivienda.
En cualquier caso, precisó que se trata de una sentencia que hay que cumplir y recordó que es el resultado de la construcción de un edificio que se ejecutó en los años 90, cuando en Cabanas gobernaba el PSOE con Modesta Anca al frente. “La señora alcaldesa y los que estaban con ella, algunos de los cuales aun siguen aquí, son los responsables de lo ocurrido y nosotros heredamos ese problema, al que no queda más remedio que darle solución”, apuntó Germán Castrillón.
Quiso dejar claro, asimismo, que la primera sentencia es del año 93, cuando el actual equipo de gobierno aun no estaba en el Concello, añadiendo que desde que él está al frente de la corporación cabanesa se estuvieron buscando otras alternativas al margen de la demolición y se propusieron, pero no llegaron a salir adelante. “Si el que hizo la denuncia no se aviene a negociar no queda otra salida que la de acatar la sentencia”, apostilló.
Respecto al desarrollo de las obras, explicó que el proyecto de demolición contratado por el actual gobierno comenzó a desarrollarse en octubre con el acta de replanteo y los propietarios de los ocho pisos afectados –cuatro por fase– ya fueron avisados de que tenían que dejarlos libres antes del próximo día 2 de enero. En esa fecha está previsto que se inicien los trabajos de demolición, que contemplan en primer lugar la desaparición de la torre del ascensor y la instalación de un elevador nuevo.
A partir de ahí –esta primera fase tiene un plazo de ejecución de ocho meses– se acometerá la demolición de las dos plantas que superan los límites de edificabilidad permitida y será entonces cuando la empresa decida si es necesario vaciar el edificio y realojar al resto de los vecinos.
Denuncia
Según la información recogia al respecto por este periódico, dos de los propietarios afectados por el derribo de sus viviendas ya acordaron ayer con sus abogados denunciar por la vía judicial el hecho de haber sido despojados de sus pisos sin recibir ninguna indemnización.
A este respecto cabe señalar que desde el Concello se anunció que existe la previsión de indemnizar a los afectados en un futuro, pero, según los vecinos, las cifras que baraja la administración local son sensiblemente inferiores a las que se contemplan en dos informes periciales encargados por ellos mismos. Así, mientras que en el anuncio publicado en su día en el BOP para la contratación de las obras de ejecución de la sentencia se fijaba un presupuesto de licitación de 373.955 euros, IVA incluido, para la primera fase de los trabajos, la cifra contemplada en los informes periciales supera los 600.000 euros. En este último caso se incluyen otros 600.000 euros para indemnizar a los propietarios afectados.
