La CIG volvió a reclamar ayer, a través del asesor energético de la Federación de Industria, Fernando Branco, la suspensión del actual sistema de gestión de la demanda de interrumpibilidad y la vuelta provisional al método anterior para “darlle unha saída á situación de empresas como Alcoa e Megasa” y como transición “cara á negociación dunha tarifa eléctrica galega”.
Branco califica de “auténtico desastre e un verdadeiro disparate” el mecanismo de subastas a ciegas para asignar los bloques de interrumpibilidad, puesto que “xera incertidume e inestabilidade nas empresas ao ter que acudir cada ano á poxa e, polo tanto, xogarse o futuro; condiciona a realización de investimentos nas plantas, provoca competencia desleal entre as empresas dedicadas á mesma actividade e pode derivar, como así foi, en intentos de aplicar ERE”.
El sindicato nacionalista considera imprescindible volver al sistema anterior –la misma bonificación para estas industrias siempre que cumpliesen unos requisitos– para evitar todas estas consecuencias, y comenzar a plantearse una “tarifa eléctrica galega” que tenga en cuenta que la Comunidad Autónoma es excedentaria en generación eléctrica. “Sería absurdo que as industrias de aquí pechasen por non poder acceder a unha enerxía máis barata”, comentó Branco.
más cara
El asesor de la Federación de Industria y exdiputado autonómico esgrimió los datos del Eurostat que dicen que la factura eléctrica industrial es la octava más cara de los 30 Estados analizados. “Se unha empresa ten que competir con outra francesa, que é o país que a ten máis barata, xa sabemos que vai pasar no mercado”, teniendo en cuenta además que la electricidad supone más del 30% de los costes de producción de este tipo de bienes.
Branco urgió además la retirada de los peajes de los costes fijos de la factura –más propios de la política industrial– y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, como sucede en los países del entorno.
