El gobierno local prevé delegar los criterios de abono de algunas productividades en los jefes de departamento

El gobierno local propone dividir las productividades que abona a los funcionarios en dos partes. Una de ellas valoraría la puntualidad y asistencia al trabajo de los empleados municipales y otra se ligaría a una serie de parámetros vinculados, según explicaron fuentes sindicales, al cumplimiento de las normas y la buena relación con los compañeros, entre otros criterios.
En cuanto a la asistencia al trabajo, el equipo de Rey Varela considera como tal la presencia efectiva en el puesto. Al respecto, representantes de los trabajadores aseguraron desconocer si el gobierno local considera falta de asistencia la ausencia por enfermedad. Las centrales inciden en que ya se les descuentan en la nómina esas faltas en el puesto de trabajo por normativa estatal, con lo que advierten de una posible reducción salarial por partida doble atendiendo a un mismo concepto. Además, indican que también la impuntualidad está castigada en el régimen disciplinario de los empleados públicos.
Fuentes sindicales denunciaron la subjetividad y arbitrariedad de otras propuestas del gobierno local. Entre ellas, aluden a los parámetros de “buena relación con los compañeros”, “capacidad de iniciativa y toma de decisiones” o “capacidad de asumir y realizar las tareas encomendadas”, entre otros. En todos estos casos, según explicaron desde las centrales, el jefe de cada uno de los departamentos será la persona encargada de asignar una puntuación a los trabajadores con la que valorará estos conceptos, en función de los cuales se abonará o no la productividad correspondiente. Algunas centrales criticaron además el hecho de que a los jefes no se les exige que razonen las puntuaciones asignadas a cada uno.
Las productividades que reglamentará el gobierno local se perciben de tres modos: anual, semestral y mensual, dependiendo del puesto de trabajo o del cargo desempeñado.
Los criterios para abonar esas partidas se debatirán el próximo lunes, cuando el gobierno convocó, unilateralmente, la Mesa de Negociación. Todos los sindicatos menos la Asociación Profesional de Personal del Concello solicitaron que consenso sobre la fecha de la reunión.




















