El Gobierno central anunció ayer que Puertos del Estado abrirá un nuevo proceso de negociación con las organizaciones sindicales para alcanzar un acuerdo sobre la modificación del convenio colectivo que no contravenga la Ley de Presupuestos del presente año. Así se lo confirmó el Ejecutivo a la diputada del BNG por A Coruña, Rosana Pérez, que se había interesado sobre el rechazo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al preacuerdo firmado por las partes en junio del año pasado.
Los representantes de los trabajadores de las 28 autoridades portuarias de interés estatal –entre las que se encuentran Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Marín-Ría de Pontevedra y Vigo– iniciaron las movilizaciones a comienzos del presente año después de que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones –Cecir– informase desfavorablemente de la modificación parcial del convenio, rechazo que también recibió un escrito remitido en diciembre por el presidente de Puertos, Jorge Llorca, solicitando a la Cecir que reconsiderara su negativa.
Los argumentos del Gobierno a la pregunta formulada por la nacionalista Rosana Pérez son los mismos que se exponen en los informes de la Cecir. Así, el Ejecutivo señala que el preacuerdo de junio “implica incrementos retributivos a lo largo de su vigencia –2010-2018– que suponen aumentos adicionales de la masa salarial al margen de las subidas generales de las retribuciones de los empleados públicos que cada año se contemplan en los PGE de cada año”. Este incremento se sitúa, según el preacuerdo, en el 1,31% anual, es decir, apunta el Gobierno, en 1,85 millones de euros.
No obstante, a la vista del enquistamiento del conflicto, que incluye un encierro de 72 horas la semana próxima, el Ejecutivo adelanta que Puertos retomará el diálogo para alcanzar un nuevo acuerdo. Asimismo, en su respuesta a la diputada, destaca que “en el momento actual no está prevista la privatización” de la gestión del organismo.
El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, exigió al Gobierno que deje de “escudarse” en la situación económica y recordó que los puertos cerraron el pasado ejercicio con unos beneficios próximos a los 200 millones de euros.
Rivas denunció además la precarización de la situación laboral de los trabajadores de Puertos que impide la ampliación de las plantillas en un sector, el portuario, con un importante potencial de crecimiento.
