La crisis económica y en concreto la falta de recursos por parte del Concello es el muro contra el que se estrella cualquier actuación global en el barrio de Recimil. Así lo asegura el informe que el Ayuntamiento remitió al Valedor do Pobo a raíz de la queja formulada por la asociación de inquilinos San Fernando, un documento que incide además en que las posibilidades de solución al evidente deterioro de las conocidas como Casas Baratas se ve dificultada todavía más por los bajos alquileres que se pagan, en casi todos los casos por debajo de los tres euros mensuales.
El Valedor do Pobo, institución que preside José Julio Fernández, estima que la disponibilidad presupuestaria de la administración local ferrolana es “un ámbito que queda fóra das funcións de supervisión do Valedor do Pobo”, por lo que concluye su intervención en esta cuestión, en la confianza de que se puedan cumplir las previsiones del Concello en cuanto a colaboración de otras administraciones para solventar el problema.
Pero la asociación San Fernando ha dirigido un nuevo escrito al Valedor en el que rebate los argumentos utilizados por el Ayuntamiento. En concreto carga contra el PP, al que acusa de haber roto en dos ocasiones los acuerdos plenarios unánimes para estudiar la posibilidad de vender las viviendas, en una actuación que la entidad considera “ilegal e caciquil”. También alude a que en diferentes ocasiones los inquilinos se mostraron dispuestos a negociar un aumento en los alquileres a cambio de que se realizase un mantenimiento del barrio, un ofrecimiento que casi nunca se aceptó y, cuando había posibilidades de hacerlo “o PP encargouse de arruinalas”. La intención, sostiene el presidente de la asociación San Fernando, Amadeo Varela, “era clara: os alugueres son baixos; o Concello non ten cargos para manter o barrio; os edificios deterióranse e, polo tanto, a única solución é a derruba”.
En relación con la falta de recursos económicos, en el nuevo escrito dirigido al Valedor se apunta que la entidad es consciente de la situación, por lo que nunca pidieron la rehabilitación en una vez sino por fases, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria del Concello.
Propiedad de las viviendas
Otro punto en el que se pedía la intervención del Valedor do Pobo era la cuestión de la propiedad de las viviendas, ya que la asociación San Fernando entiende que cuando se construyeron se establecía un sistema de amortización por lo que, transcurrido el tiempo, los pisos pasarían a ser propiedad de los inquilinos. Esta cuestión se dirimió en los tribunales, dictaminando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en contra de las pretensiones de los vecinos.
La sentencia no contemplaba recurso ordinario, por lo que la asociación desistió de continuar el proceso por otra vía, sobre todo por el desembolso económico que esto supondría. Con respecto a este asunto, el Valedor determina que la propiedad de las viviendas “constitúe un conflito de dereito privado que non pode resolver esta institución”.
Por último, en el escrito que Varela dirige al Valedor alude a las ocupaciones ilegales –de las que el informe del Concello dice que está entre los principales problemas del barrio– señalando que “moitas delas foron consentidas e mesmo alentadas polo Concello como medio de ‘degradación’ para xustificar o derribo”.
Por su parte, la Asociación de Vecinos El Pilar también ha recurrido al Valedor do Pobo la falta de mantenimiento del barrio. n
