El acuerdo entre Fiscalía, acusación particular y defensas habilitó ayer una sentencia de conformidad en el caso del obrero, de nacionalidad rumana e iniciales P.C., que en el año 2009 falleció mientras participaba en las obras de construcción del complejo residencial Las Torres de Narón. El trabajador, que estaba en nómina de una subcontrata que se encargaba de los entarimados, cayó en torno a quince metros por el hueco de un ascensor, muriendo a consecuencia de sus heridas. Ayer, el juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol condenó a dos hombres y una mujer, vinculados a las empresas responsables de estas actuaciones, por un delito de homicidio de imprudencia grave en relación a los derechos de los trabajadores en materias de seguridad y salud en la construcción.
Se aplicó sin embargo la atenuante de dilación indebida y la condena para todos ellos quedó establecida en seis meses y un día en forma de sentencia suspendida –no ingresarán en prisión al ser el castigo inferior a dos años y no tener ninguno antecedentes penales–, algo a lo que no se opusieron ni Fiscalía ni acusación particular. Además, se les inhabilita durante este tiempo para el sufragio pasivo, pero no se les ha aplicado una inhabilitación para el ejercicio profesional. Finalmente, la sala estableció en 150.000 euros el importe correspondiente a la responsabilidad civil, que asumirán en su mayor parte –55.000 euros cada una– las aseguradoras de las dos empresas cuyos responsables fueron ayer condenados.
M.T.L. era la administradora de Escotego, firma –ahora extinta– responsable última de la constructora Epaat que se encargaba de las obras, mientras que J.L., otro de los condenados, actuaba en 2009 como gerente de la firma valenciana Parquets Tropicales. El tercer condenado, J.R.R., era el responsable de la seguridad de los trabajadores en el escenario del accidente.
Cabe destacar que la de P.C. fue la tercera de una serie de muertes marcadas por las mismas características en el plazo de poco más de un mes en la comarca de Ferrolterra, algo que llevó a los sindicatos entonces a pedir una mayor vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo.
