El pasado día 2, el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, el subteniente Jorge Bravo, ingresaba en el establecimiento disciplinario de Colmenar Viejo para cumplir el arresto de 31 días impuesto por el general de División Jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Cuartel General del Ejército de Tierra. El motivo, unas declaraciones realizadas en una radio en julio del año pasado en las que aseguraba que antes de recortar el sueldo de los funcionarios, el Gobierno podría comenzar por eliminar los gastos superfluos.
El delegado en Galicia de AUME, el ferrolano Carlos Vidal, asegura no entender que el Ministerio de Defensa haya demostrado “tal grado de arbitrariedad”.
¿Sabe cómo está Bravo?
Ayer fue a visitarlo un compañero de AUME que constató que las condiciones de su arresto no son las propias de un arresto administrativo, sino de un delincuente. Tanto a él como a su familia les empieza a pesar el tiempo, casi tres semanas.
¿Han accedido a la Defensora del Pueblo?
Solicitamos una visita para comprobar “in situ” las condiciones del arresto, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Este asunto ya lo trató esta institución en sus informes de 2010 y 2011. En ellos se señala que las condiciones de un arresto de naturaleza administrativa como el que está sufriendo Jorge Bravo no son las adecuadas.
¿Este arresto supone un agravio comparativo con otros militares que han realizado también manifestaciones?
No entendemos que Defensa demuestre tan alto grado de arbitrariedad. Que quien defiende los valores democráticos sea castigado y represaliado y quien haga pronunciamientos anticonstitucionales no lo sea. Ha habido también obstrucción a la Justicia, pues una jueza civil solicitó el “habeas corpus” e información, pero Defensa se la negó alegando motivos de “seguridad nacional”. Tenemos claro que el objetivo final no es otro que meternos miedo.
