La diputada del BNG en el Congreso por la provincia de Pontevedra, Olalla Fernández Davila, registró ayer una pregunta en la que pide al Gobierno central que explique los motivos del arresto de Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles –AUME–.
Como se recordará, el pasado día 2 el Ejército de Tierra notificó al militar la sanción de un mes y un día, que deberá cumplir en el establecimiento disciplinario militar de Colmenar Viejo por unas declaraciones realizadas en una emisora de radio en julio del año pasado. En ellas proponía que antes de recortar los salarios de los funcionarios, el Gobierno podría eliminar, por ejemplo, los gastos superfluos de las celebraciones militares.
La diputada nacionalista pregunta “se é habitual” dictar sanciones a un militar que habla en calidad de representante de una asociación profesional y si el mando que la firmó, el general de división jefe de los sistemas de información, telecomunicaciones y asistencia técnica del Cuartel General del Ejército, “ten competencias para facelo”. Fernández Davila se pregunta si “é tan ofensivo propór recortes nas FAS en cuestións como celebracións e gastos superfluos” y si considera que es “máis axeitado reducir as retribucións dos militares”.
"ataque"
En su exposición, la parlamentaria del Bloque Nacionalista Galego cree que el mando que dictó la sanción se extralimita en sus funciones y que esta supone un ataque a los derechos y libertades individuales de un militar que se manifiesta en calidad de presidente de una asociación profesional como es AUME.
“Consideramos”, añadió Fernández Davila, “que o réxime disciplinario se aplicou de maneira desproporcionada” en el caso de Bravo.
