El Gobierno se pronunció ayer sobre la pregunta parlamentaria presentada por la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, el pasado mes de agosto, relativa al proceso de selección y posterior contratación de varios ingenieros para Navantia. Un proceso que, según la confluencia y los sindicatos, no se estaba desarrollando con total transparencia, tratándose, especialmente, de una empresa pública.
En su contestación, el ejecutivo alega el deber de sigilo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, amparándose en la legalidad vigente, para no facilitar información al respeto. En relación la esta respuesta, Yolanda Díaz indicó que “el gobierno sigue demostrando, una vez más, su manera de proceder, marcado en todo momento por el oscurantismo, y de espaldas a la sociedad y a sus representantes en las instituciones”.
En el escrito el gobierno alega que no procede pronunciarse respeto de las cuestiones planteadas por En Marea en cuanto afectan a actuaciones concretas que lleva a cabo a Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre empresas determinadas. En este sentido, la respuesta del ejecutivo confirma que el organismo competente en esta materia, en este caso la Inspección de Trabajo, está llevando a cabo “las actuaciones pertinentes para determinar si el proceso de selección y posterior contratación de 25 ingenieros para la factoría de Ferrol y de una treintena para la factoría de San Fernando (Cádiz) se ajusta a la legalidad establecida”.
Cabe recordar que el comité de Navantia había denunciado los hechos ante la dirección general del organismo laboral este verano, tras solicitar a la dirección su participación en el proceso de selección, ya que así aparece regulado en el artículo 31 (apartado ingresos) y en el artículo 66 (derechos de los representantes) del convenio colectivo de la compañía, en los que se indica que cualquier ingreso en la factoría tiene que tener “consenso de la parte social” y debe “respetar los criterios de igualdad, mérito y capacidad” que se tiene que dar en la administración pública para acceder a un puesto de estas características.
Sin embargo, desde la dirección del astillero público se negó esta participación a los representantes sindicales en este proceso, aduciendo que los puestos de técnicos superiores no están regulados por este marco de relaciones laborales, algo que desde En Marea matizan, ya que eso solo sucede una vez que son contratados. La diputada ferrolana de En Marea, recordó, además, que el marco laboral en el que se amparó la compañía ha sido anulado recientemente por el Tribunal Supremo.
Ante esta denuncia presentada por los representantes sindicales, la Inspección de Trabajo ya emitió un informe favorable a los denunciantes, en el que se le requería a Navantia a realizar un proceso transparente, abierto y participativo para la selección y posterior contratación de los puestos ofertados.
posible sanción
En el citado informe también se exponía que de no acatarse este requerimiento, la empresa pública podría ser sancionada con una multa grave, además de que se procedería a la paralización de este proceso de selección de personal.
Es en este punto en el que el gobierno central incide en la respuesta que acaba de enviar a la diputada Yolanda Díaz, ya que se indica que “la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de las funciones que legalmente tiene atribuidas, puede formular, en el caso de constatar incumplimiento a la normativa, los pertinentes requerimientos de subsanación, así como iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes, mediante la extensión de acta de infracción”.
