“Agardo que esta documentación sirva para desatascar a construción do centro de saúde e para firmar o convenio entre ambas administraciones”. Así se explicaba ayer el alcalde de Narón, Xosé Manuel Blanco Suárez, minutos después de remitir a la Xunta la documentación requerida por la administración autonómica de cara a la cesión de la parcela para construir el nuevo equipamiento sanitario. Tal y como recordó el regidor municipal, la Xunta solicitó el certificado de propiedad del terreno y la exención de la parcela del IBI.
En los dos casos, tal y como puntualiza Xosé Manuel Blanco, los documentos “non son imprescindibles neste momento” y, en este sentido, aclara que “o primeiro que ten que facer a Xunta de Galicia é aceptar os terrenos no Consello da Xunta, para inscribilos posteriormente no Rexistro da propiedade”. En cuanto al certificado fiscal, el regidor municipal señala que “tampouco resulta fundamental debido a que aínda non está construído, como é obvio”.
Por otra parte, el alcalde de Narón reitera su postura y su buena disposición a firmar un convenio de colaboración en el que se recoja el compromiso económico de ambas administraciones para la realización de la obra, así como las cuantías de las anualidades para llevarla a la práctica.
De hecho, así se lo trasladó el regidor municipal a la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, durante la conversación telefónica mantenida el pasado lunes y también en la que celebraron el secretario xeral de la Consellería de Sanidade, Antonio Fernández-Campa, con el secretario municipal del Concello de Narón.
Partido Popular
El PP de Narón, por su parte, se mantiene en sus trece con respecto a la cesión del suelo. “El Ayuntamiento no cedió los terrenos y las pruebas son irrefutables” es la frase con la que los populares tratan de dar carpetazo al asunto.
Antes de ello, no obstante, acusan al regidor de “manipular las pruebas” y de incumplir sistemáticamente el protocolo que la Xunta y el Concello firmaron en el año 2008 para la realización de la obra.
Fuentes de la Consellería han reconocido a esta redacción que el acuerdo fue incumplido por ambas partes durante los tres años de su vigencia.
