La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá desde hoy el juicio oral contra cuatro acusados de haber creado en el año 2001 una empresa fantasma –en el polígono pontés de Penapurreira– para obtener subvenciones públicas. La Fiscalía los acusa, además del intento de estafa, de falsedad documental y de cuentas.
Según el ministerio público, estos cuatro acusados, dos hombres y dos mujeres, acordaron crear una sociedad, Panorámica Dixital, con la finalidad de financiarse ilícitamente de las diferentes subvenciones públicas “aparentando haber realizado grandes inversiones” que nunca llegaron a producirse.
Así, constituyeron una empresa con un capital prácticamente inexistente basado en aportaciones no dinerarias, es decir, en material informático que supuestamente poseían un gran valor. En concreto, de los 541.000 euros del capital social, 501.000 lo aportaban estos activos tecnológicos.
Para solicitar estas subvenciones a fondo perdido, señala la Fiscalía, los acusados elaboraban una memoria de proyecto prácticamente igual para todos los casos en la que se expresaba su intención de realizar una inversión de 1,7 millones de euros y dar empleo a 21 personas de la zona.
Además, se especificaba que la sociedad contaba con un capital ya desembolsado de más de 500.000 euros y hacían uso de la denominación SA, en lugar de SL (que era su verdadera personalidad jurídica) “para dar apariencia de que iban a realizar una inversión serie y envergadura”.
Subvenciones
Entre los años 2001 y 2002 solicitaron cuatro grandes subvenciones bajo estos parámetros. Todas ellas fueron inicialmente aprobadas. La Dirección General de Fondos Comunitarios les concedió 336.000 euros, el Instituto Miner 340.000, el Igape 244.000 y Endesa Generación 255.000.
De estas, los acusados solo llegaron a recibir la del Plan del Carbón para la reindustralización de comarcas mineras, tras haber “acreditado –según los responsables del plan– las inversiones realizadas mediante justificantes y facturas.
El cobro de resto de subvenciones, siempre supeditadas a la materialización total del proyecto, no llegó a producirse, aunque ya habían conseguido los avales bancarios necesarios para recibir el dinero de estas ayudas públicas por adelantado.
En el caso del Igape y de Endesa Generación, fue la propia Agencia Tributaria la que alertó sobre posible irregularidades, pues ya se habían iniciado las pertinentes investigaciones sobre esta sociedad.
Contratos simulados
El ministerio fiscal también acusa a estas cuatro personas de haber falsificado facturas, contratos de compraventa, balances de cuentas, extractos bancarios y de haber falseado contratos laborales; 11 de ellos engañando a los propios contratados –con diferentes grados de minusvalía – y otros 23 con la connivencia de los supuestos empleados, pertenecientes al entorno de los encausados.
Tal y como relata la Fiscalía, en 2004 dos de los acusados crearon una nueva sociedad “con una finalidad similar”. En esta ocasión, la empresa, Novas Tecnoloxías Atlánticas S.A., se ubicó en el polígono de O Acevedo, en Cerceda.
En 2007, cuando la Agencia Tributaria había iniciado comprobaciones respecto a un posible fraude en la devolución del IVA, los acusados llegaron incluso a confeccionar un falso DNI para ocultar la identidad del administrador de la sociedad.
Además, presentaron con ese mismo DNI simulado un supuesto escrito en el que el acusado A.R.R. había sido cesado como administrador de la sociedad. “Para darle mayor apariencia a este documento, simularon la firma de la notaría de Ordes” e hicieron constar el sello del Consejo General del Notariado Español.
Dicha documentación fue entregado por los propios acusados a la Agencia Tributaria de Lugo para solicitar un cambio de domicilio fiscal y dar cuenta del supuesto cese del administrador único. A consecuencia de esto, agentes de la AEAT se desplazaron a la sede de esta nueva compañía para realizar una inspección sin hallar dicho domicilio social.
Los hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de un delito continuado de falseamiento para obtener subvención, de falsedad documental mercantil y oficial, de falsedad de cuentas y de intento de estafa. Así, el ministerio público pide para A.R.R. y MR.M.M siete años de prisión y más de dos millones de euros de multa; y para las otras das encausadas, A.P.B y C.S.P. cuatro años de prisión e igualmente más de dos millones de multa.
Además, solicita que se indemnice de forma conjunta al Instituto Miner con los 340.000 que recibieron de subvención y al INEM por el importe de las prestaciones de desempleo de los contratos de trabajo fraudulentos. La Fiscalía pide para un quinto acusado, FJ.D.B., que según la fiscalía actuó de común acuerdo con el resto, que indemnice al INEM por las prestaciones de desempleo recibidas a razón de su contrato con Panorámica Dixital.
Cabe destacar que gran parte de este entramado se conoció una vez que la sociedad se acogió a un concurso voluntario de acreedores en 2006.
El administrador concursal descubrió entonces muchas de estas irregularidades contables, entre ellas que la empresa compraba o adjudicaba contratos a otras entidades pertenecientes a estos mismos socios. l
