Más de 8.000 personas convocadas por las dos plataformas de defensa de la enseñanza pública, los sindicatos mayoritarios –CCOO, CIG y UGT– y la Federación de Anpas de Ferrolterra, entre otros colectivos, salieron ayer a la calle pese al aguacero que cayó sobre Ferrol durante toda la mañana para protestar contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, la Lomce, preparada por el ministro del ramo José Ignacio Wert.
La de la ciudad naval fue la más significativa de las catorce movilizaciones que tuvieron lugar en otras tantas localidades gallegas en participación, debido, entre otras cosas, a dos factores: la unidad de acción acordada por las dos plataformas tras intensas negociaciones durante las últimas semanas y el apoyo de los comités de empresa de Navantia Fene y Ferrol, que hicieron coincidir su protesta para reclamar carga de trabajo con el día de huelga en la enseñanza.
Los manifestantes se concentraron en la plaza de España, de donde partió la marcha, para continuar por la calle del Sol hacia el cruce con Méndez Núñez para regresar por Real a la plaza de Armas. Allí, el presidente de la Federación de Anpas de Ferrolterra, Javier Sánchez, se encargó de leer el comunicado pactado por los convocantes, en el que se expusieron los mismos argumentos que se vienen empleando desde que se conoció el contenido del anteproyecto.
"antipedagóxica"
“A comunidade educativa expresa o seu rexeitamento a unha lei reaccionaria, privatizadora, clasista, antipedagóxica, antidemocrática e confesional”, dijo Sánchez, “que liquida a igualdade de oportunidades e expulsa do ensino os sectores sociais máis desfavorecidos”. Para los convocantes la “excusa” de la crisis ha provocado recortes en los recursos económicos y humanos del sistema educativo y, pese a ello, “non está logrando os obxectivos de aforro que di perseguir”.
Paralelamente se han aprobado reformas, la principal la Lomce, que, aseguró Sánchez, “pretende trasladar ao ensino público un modelo neoliberal que afonda nas diferenzas sociais, no canto de contribuír a que todos e todas teñamos acceso a unha educación pública de calidade”. La decisión de trasladar el sistema de gestión a la enseñanza, la eliminación del consejo escolar como órgano de gobierno, la elección del director por parte de la Administración, las continuas “barreiras selectivas” del alumnado hacen de la Ley Wert, señaló Sánchez, “unha lei elitista, clasista e segregadora”.
En ese sentido, explicó que muchos jóvenes serán expulsados del sistema “por itinerarios que non teñen volta atrás” para, de ese modo, sostuvo el portavoz, “diminuír artificialmente as altas taxas de abandono escolar” y, en general, consagrar un retroceso “de varias décadas”.
El comunicado abundó en aspectos como el aumento de la competitividad en el sistema, en lugar de apostar por modelos inclusivos, y el carácter centralizador de la ley porque, entre otras cosas, “marxina aínda máis a nosa lingua e afasta o ensino da nosa propia realidade social, histórica e cultural, privando aos nosos nenos do dereito de ser escolarizados no noso idioma e facilitándolles a matrícula nun centro privado para evitalo”. Además, Sánchez criticó que se mantengan los conciertos económicos con los colegios que segregan por razón de sexo “malia existiren sentenzas que ditaminan a súa ilegalidade”.
Además, lamentó que la Lomce “reforce a confesionalidade, ao manter o ensino de relixión no currículo escolar”, pretenda crear “diferentes categorías de centros, en función dos resultados que acadan previa selección do alumnado” y, en definitiva, “reflicta as posicións máis extremas e reaccionarias do PP”.
