Batalla política en Narón por el futuro de la gestión del agua a partir de 2027
El gobierno municipal defiende que un control indirecto es la forma “máis sostible e eficiente”
La empresa mixta Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico (Cosma) se encuentra en el epicentro del debate político en Narón, puesto que la concesión que lleva activa desde junio de 2002 se encuentra a punto de cumplir 25 años, momento en el que finalizará este contrato.
Ante esta situación, el pasado jueves 29 de enero se llevaba a debate en sesión plenaria el futuro del abastecimiento de agua en la localidad. Y, mientras que el gobierno de Marián Ferreiro presentó un nuevo modelo de concesión de los servicios, “a mellor” opción según las palabras del vocal de TEGA, Román Romero, solamente un grupo de la oposición mostró su apoyo a esta iniciativa.
Germán Castrillón, a la cabeza del Partido Popular, secundó esta propuesta, aunque sin llegar a pronunciarse acerca de cuál es el modelo que se debe instaurar una vez finalice el contrato de Cosma. De esta manera, asegura que la localidad necesita “iniciar un proceso riguroso, ordenado y transparente para definir el futuro modelo de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio”, explica.
Se trata así de algo “previo” —un “primer paso para ver cómo se xestionará o servizo”, como aseveró Romero en el pleno—, y desde la agrupación popular se muestran cautos. Ponen el foco en la apertura de un expediente técnico y jurídico que determine la modalidad más adecuada para la gestión, remarcando que la adjudicación está, en estos momentos, en un plano secundario. Sin embargo, se muestran críticos con la situación actual y aseguran que la concesión privada es lo más viable puesto que, a su parecer, “el Concello de Narón no está en disposición de asumir una gestión directa debido a la falta de personal técnico especializado y de una estructura administrativa capaz de gestionar los riesgos operativos y las millonarias inversiones que requiere el servicio”.
En esta misma línea se pronunció TEGA, que remarcó que “a elección da xestión indirecta mediante concesión é a fórmula máis sostible e eficiente para garantir o ciclo integral da auga en Narón a partir de 2027”. Desde el gobierno no solo ponen en valor que se habla de un “servizo público esencial”, lo que motiva que el ejecutivo de Marián Ferreiro quiera “garantir a súa continuidade, calidade e viabilidade económica, elixindo a forma de xestión máis axeitada segundo a normativa”, sino que también se enfrentan a una “transición curta”, y recuerdan que conseguir un documento a la altura de los vecinos y vecinas “require tempo e análise técnica rigorosa, polo que se encargou unha memoria de eficiencia e sustentabilidade a unha consultora especializada”.
Una vez obtenido el documento, desde el gobierno exponen que “tendo en conta as restricións de recursos municipais, a necesidade de asegurar investimento sostido e o control público, a opción máis sostible e eficiente para Narón é a xestión indirecta mediante concesión”. Sin embargo, la prioridad no está en el modelo que se ejecute, sino en la posibilidad de llevar a cabo una gestión que garantice “estabilidade, previsibilidade tarifaria e capacidade de investimento” sin que se pierdan los mecanismos de transparencia y control público.
Este también fue un eje central en la defensa de los populares, que no dudaron en secundar la afirmación de TEGA reiterando que “una concesión bien diseñada no implica pérdida de control; al contrario, permite fiscalizar el cumplimiento de indicadores de calidad, realizar auditorías periódicas y establecer penalizaciones por incumplimientos, manteniendo siempre el Concello la potestad sobre las tarifas y las prioridades de inversión”, indicó Castrillón.
Asimismo, plantearon como alternativa la posibilidad de estudiar una gestión mancomunada del servicio con municipios limítrofes como Ferrol, Fene, Ares o Mugardos, todos ellos abastecidos por el mismo embalse. Según defendió el portavoz del grupo, esta fórmula permitiría aprovechar economías de escala para reducir costes a la ciudadanía, contar con una estructura técnica más sólida y especializada, así como repartir riesgos y reforzar la seguridad jurídica y financiera del sistema.
“Incertezas e ilegalidades”
Con los votos de las agrupaciones políticas mencionadas hasta el momento, la corporación dio luz verde a la propuesta de aprobación como modalidad de gestión del servicio del ciclo integral del agua mediante un contrato de concesión de servicios; sin embargo, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista exigen la paralización de esta medida.
Los nacionalistas ya se pronunciaban antes incluso de la sesión plenaria, donde la concejala Olaia Ledo aseguró que esta propuesta suponía la “hipoteca do noso ben máis esencial, con présas e ignorando as advertencias do servizo técnico”.
Vuelven a cargar contra esta decisión, esta vez por la vía administrativa, con la presentación de un requerimiento contra la “privatización” de la gestión de este bien, basando esta petición en “tres puntos críticos”: la sostenibilidad financiera, “en dúbida”; los costes de depuración, “ignorados” —ya que defienden que “o expediente non ten en conta o cambio de escenario que se produce este 1 de xaneiro de 2026 na xestión da EDAR de Cabo Prioriño”— y, por último, los “cálculos orientadores”.
Con todo, el edil del BNG, Geno Carballeira, achacó al gobierno “unha irresponsabilidade que acabará repercutindo na calidade do servizo e no recibo que paga a veciñanza. Temos problemas xa coa empresa mixta Cosma e agora, que en xuño de 2027 por fin se extingue, queren vender a auga de todos e todas a unha empresa privada directamente, sen filtros”.
El grupo demanda la “suspensión inmediata” hasta la incorporación de una memoria que solvente las dudas generadas por los tres puntos mencionados anteriormente, avanzando que “para o BNG isto supón algo moi grave e este requirimento é só un primeiro paso dos que pensamos dar”.
En esta misma línea salían al paso los socialistas, que no dudaron en poner en duda la legalidad del proceso.
El edil Jorge Ulla también presentó un recurso solicitando que “se paralice calquera avance na contratación ata que existan informes e datos suficientes para adoptar unha decisión con garantías”. El PSdG defiende que el motivo principal de la impugnación es la “irresponsabilidade política maiúscula de TEGA, que aproba un modelo de xestión para a próxima década cando a propia Intervención advirte que non ten datos suficientes para avaliar o risco”.
Al igual que el BNG, este grupo considera que esta decisión supone la “consolidación” de un camino hacia una “privatización” —por su parte, los nacionalistas aseguran que tanto Ferreiro como Castrillón optan por “usar un ben público para o beneficio industrial dun novo chiringuito”— que, en su opinión, no presenta garantías suficientes, exigiendo un orden que contemple “primeiro a documentación e o control, e despois as decisións”.
Al igual que el Bloque Nacionalista Galego, los socialistas anuncian que esta no será la única medida que tomen al respecto, asegurando una “batalla política e tamén xudicial”.
Ulla se muestra tajante ante la situación y respalda la posición del BNG, asegurando que “se TEGA quere impor un modelo privatizador, terá enfronte ao PSdeG con firmeza e con feitos: con recursos, con control e con propostas. Porque aquí non está en xogo un contrato máis: está en xogo o futuro de Narón”.
