La modificación del PXOM y el cobro del saneamiento a Narón marcan la sesión plenaria de abril
Los temas económicos llevaron a momentos de alta tensión entre los grupos políticos ferrolanos
El palacio municipal de Ferrol acogió este jueves el pleno ordinario del mes de abril, una sesión que, como viene siendo habitual, estuvo marcada por momentos de mucha tensión por los enfrentamientos entre los grupos políticos.
Ya desde el primer punto a abordar, la modificación puntual del PXOM en el ámbito del Puente de las Cabras, las discrepancias entre las formaciones fueron notables, con el gobierno defendiendo la medida como una forma de subsanar una “anomalía urbanística” derivada del plan parcial de 1991. En este sentido, la concejala Blanca García señaló que, con esta operación, se corregirá además una discrepancia con la división territorial de Narón, apuntando que se ganarían cerca de 12.000 metros cuadrados de suelo y recordando que el 30% de las viviendas que se desarrollen serán de carácter protegido.
Desde Ferrol en Común, por una parte, se lamentó que el gobierno local renuncie a realizar una modificación global –destacando que se encargó para ello un estudio en 2014– y criticando además que la que se está impulsando acumula un retraso de 14 meses. El BNG, por otro lado, calificó la propuesta de una operación especulativa similar a la del Sánchez Aguilera, rechazando el argumento de la creación de domicilios públicos porque la legislación establece un mínimo del 40%, no del 30, y porque, de ser cierto, afirmaron, se acogerían a la Ley de medidas, que establece un porcentaje del 60%. Finalmente, el PSOE anunció desde un principio el apoyo a la propuesta, dado que partía del anterior mandato, aunque afeando al Concello el poco margen ofrecido al resto de grupos para analizar toda la documentación. La modificación, de este modo, salió adelante con 20 votos favorables y cinco en contra.
No hubo que esperar mucho al segundo enfrentamiento, pues el siguiente punto de la sesión fue la propuesta de liquidación del servicio de depuración a Narón correspondiente al segundo semestre de 2025. En esta ocasión, los argumentos de ambas partes fueron un reflejo del debate plenario de marzo, cuando se abordó este mismo tema en el período enero-junio del pasado año, con el ejecutivo ferrolano defendiendo su labor a la hora de sanear las cuentas de la empresa mixta de agua –así como la aplicación de la sentencia que establece un reparto del 60-40% de los costes– y criticando la gestión de los gobiernos anteriores. La oposición, por su parte, reiteró que se trata de un problema que el Concello arrastraba desde el anterior mandato del Partido Popular, afeando que el ejecutivo le “cubra as costas” a la Xunta como titular de las infraestructuras para prestar este servicio.
Cabe destacar, en relación a este punto, que el grupo socialista también anunció al inicio de la intervención de su portavoz, Ángel Mato, que apoyarían la propuesta, dedicando en su lugar buena parte del turno de palabra a condenar el ataque racista esta semana a las instalaciones de Cruz Roja y abogando por rebajar el tono de la sesión, señalando que se estaba contribuyendo a incentivar un clima de confrontación política. En relación a este pago, el socialista volvió a solicitar al Concello que se deje de aplicar la sentencia y que en lugar de ello se apoyen en las mediciones de los caudalímetros.
Por último, antes de entrar en el apartado de mociones, el encuentro consistorial vivió un último momento de enfrentamiento a la hora de abordar la propuesta del Plan Económico Financiero 2026-2027. Y es que el debate de este punto sirvió para retomar la discusión sobre el nivel de ejecución presupuestaria presente en anteriores plenos, con el gobierno local defendiendo que el incumplimiento de la Regla de Gasto fue “puntual” y derivada del uso de los remanentes de 2024 para abonar parte del capítulo 6 del ejercicio siguiente y para amortizar la deuda municipal, concluyendo que, en cualquier caso, el resultado ajustado de las cuentas era “positivo”, con suficientes ingresos para “asumir as obrigas”. La oposición, por su parte, cargó contra los populares, señalando que esta medida derivaba del bajo nivel de ejecución de los presupuestos –una medida, recordaron, que impulsó el propio PP cuando estaba en la Moncloa– y afeando que se siguen centrando en grandes proyectos en lugar de en el día a día de la ciudad.









