Después de que el Gobierno hiciera su parte para tener a bien a los independentistas, el magistrado Pablo Llarena, que instruye en el Supremo la causa del procés, aplica al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la derogación del delito de sedición, pero mantiene su procesamiento por desobediencia y por malversación agravada, castigado con una pena de hasta 12 años de prisión. Esto de tener ‘enchufe’ en este país es lo que se estila, en Cataluña (dicen las malas lenguas), que una vez desaparecido el delito de sedición, el independentismo prepara a conciencia nuevas acciones en un futuro no lejano si el Gobierno de la nación española no acaba de entrar por el aro con el tema de realizar un referéndum sobre la independencia. Pedro Sánchez, todo hay que decirlo, dice que se respetará la Constitución y que hay que atenerse a ella. Pero bueno, ya sabemos que el ‘killer’ más guapo de la política española mantendrá lo que dice, salvo que los votos no alcancen su objetivo de mantenerse en La Moncloa. El independentismo espera que Pedro siga dependiendo de ellos.